¿Qué significó la
dictadura del 76 para el Movimiento Obrero?
Por Federico Solla
“Si alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan
derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar, con
el voto popular, los intereses del imperialismo y de sus cipayos nativos. Cada
nueva elección no hará sino remachar los nuevos yugos coloniales”
Juan Domingo Perón, 1974
Marzo de 1976 encontró al país en un clima más que complicado por
una crisis económica a la que el gobierno de María Estela Martínez de Perón
parecía no encontrarle salida. Tras fracasos rotundos de planes económicos de
corte liberal, que trajeron nuevas situaciones hasta encontes desconocidas para
el pueblo argentino, como devaluaciones brutales, una inflación jamás vista,
ajustes, recortes del gasto público y privatizaciones, estos intentos no hicieron
más que profundizar la crisis.
El primer lock-out (paro patronal) de nuestra historia se sumó, a
principios del 76, a
una oleada de grupos opositores y pro-oligárquicos, sean de izquierda o
derecha, que pedían, en voz baja y entre pasillos, que las Fuerzas Armadas
tomasen el control del Estado.
El Movimiento Obrero y las fuerzas del campo popular resistían las
embestidas de la crisis económica autogestadas en parte por el gobierno de
Isabel Perón, por un lado, y alimentadas por los grupos económicos locales y
foráneos, que venían por todo en América Latina.
Lejos había quedado el optimismo del General Perón que, antes de
asumir su tercera presidencia con más del 60% de los votos, afirmaba que “Con
Allende en Chile, esta vez los frenamos.”. El líder socialista chileno fue
derrocado un nefasto 11 de Septiembre de 1973, por uno de sus laderos de
confianza, el Gral. Augusto Pinochet. Meses antes, en una visita en al país
andino, Fidel Castro, le regaló a Allende un fusil automático liviano de
fabricación rusa (AK-47), y sugiró al mandatario chileno fusilar – literalmente
hablando – a algunos altos mandos de las FFAA, que estarían operando para
derrocarlo.
Los golpes se sucedieron durante la década de los 70 a lo largo y ancho del
sub-continente latinoamericano. Pensados desde los EE.UU., y con la excusa de
frenar al comunismo, que se manifestaba como enemigo interno, militares
pro-oligárquicos, alineados con las políticas de Washingtong, se formaron e
instruyeron en las escuelas militares yanquis en Panamá y los EE.UU. bajo la
doctrina del Plan Condor. Los civiles, igualmente serviles a los mandatos del
capitalismo global que se preparaba para dominar el mundo, realizaban sus estudios
en la Unversidad de Chicago, para imponer los mandatos de Londres, Wall Street,
sus bancos y fondos de inversión y las grandes corporaciones que
transnacionalizaban cada vez más sus redes de negocios.
Es así, que desde los EE.UU., a fuerza de balas, torturas y
desapariciones, se frena todo proceso popular-deomcrático en América Latina. El
Plan Cóndor se impone en todo nuestro territorio y uno tras otro van cayendo
gobiernos democráticos y populares. Gobiernos de caracterísitcas idénticas se
imponen en toda la Patria Grande: militares pro-oligárquicos alineados con las
políticas neoliberales delineadas por
los EE.UU., aliados a las oligarquías locales, desde financieras, empresarias, terratenientes
y dueñas del suelo y los recursos naturales de cada país, asesorados por
cuadros técnicos formados directamente bajo los lineamientos del dogma
neoliberal. Todo esto bajo la complicidad directa de fracciones de las cases
medias y altas y el apoyo explícito de gran parte de las partidocracias
liberales locales.
En el 68, el Gral. Alvarado derrocaba al presidente deomcrático y
constitucional peruano Fernando Belaunde Therry. En 1971, el Gral. Banzer Suárez,
derroca al gobierno popular boliviano, anti-oligárquico e industrialista que
lideraba el Gral. Torres. En Junio del 73 el presidente otrora democrático
Bordaberry cierra el congreso uruguayo y otorga pleno poder a las FF.AA. para
reprimir cuanto díscolo se cruce en el camino. El gobierno chileno cae en
septiembre del 73. El argentino, en marzo del 76.
Economía
Para el año 1975 la Argentina ostentaba al mundo los mejores niveles
de distribución de la riqueza de todo el continente. Del mentado fifty-fifty,
en la puja capital-trabajo, más del 54% quedaba en manos de los trabajadores.
Los salarios representaban el 43% del PIB. Había pleno empleo, las estadísticas
demostraban un 1% de desocupación. La industria, pese al proceso de
extranjerización de la economía sucedido desde el derrocamiento de Perón, y
profundizado por el desarrollismo de Frondizi, representaba el 64% del la
economía local.
Nada de esto era tolerable para los Washingtong, Londres y los
grandes capitales transnacionales – aliados a las oligarquías locales –,
quienes ya habían definido, hacía más de 150 años, el rol de países como el
nuestro en la economía mudial: el de meros exportadores de materias primas. Según
el propio ministro de economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz, en
un discurso pronunciado en Mayo del 76, la Argentina entraba en una nueva
etapa, en que se liberarían las fuerzas productivas de la economía del
pesado yugo del Estado. La liberalización de los mercados, el ajuste, la
privatización de las empresas del Estado y contraer deuda externa, que pasó de
7 mil millones en 1976 a
45 mil millones en 1983. Todo esto acompañado de una política de feroz
represión en todo el campo del pueblo. Todo esto para que, a fuerza de
persecusión, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de activistas
estudiantiles, barriales y sindicales, se imponga la voluntad del capital por
sobre la Liberación Nacional. Todo esto fue conocido como el Proceso de
Reorganización Nacional.
Para comprender a cabalidad a qué sectores del poder económico
vernáculo y foráneo respondían los nuevos lineamientos económicos que imponía a
sangre y fuego la dictadura, es fundamental comprender quién era Martíneza de
Oz. Salteño de nacimiento, José Alfredo, alias Joe, como lo llamaban sus
amigos estadounidenses, era un polifacético e igualmente nefasto personaje.
Para 1976, ostenataba el título de presidente de la Sociedad Rural Argentina
(SRA), como heredero de una de las familias terratenientes más fuertes de la
oligarquía local. Una vez egresado de la Cambridge University con el grado de
economista, había sido ministro de economía de Salta durante los años de la Revolución
– mal llamada – Libertadora. En los años previos al golpe, había llegado
también a la presidencia de Acindar, la principal siderúrgica argentina,
después de SOMISA (que años más tarde Menem privatizaría en manos del Grupo
Techint, de Paolo Rocca). Último, pero no menos importante, cabe destacar que Joe,
era un asesor fundamental del grupo Rockefeller, una de las principales redes
financieras mundiales que, tras la crisis del petróleo en 1972, se convierte en
uno de los fondos financieros de inversión global más grandes del mundo. Todo
esto sirve para ver cuál era la relación de fuerza hacia el interior del Estado
argentino durante el golpe, es decir, qué actores y jugadores eran los que
definían las nuevas reglas de juego: lo más recalcitrante de la oligarquía
terrateniente anglófila local (la SRA); los grupos económicos industriales de
mayor peso en la economía local (Acindar), y los grandes intereses del
capitalismo que se empezaba a globalizar por aque entonces (la red
Rockefeller).
La mentada liberalización de las fuerzas productivas del ministro Martínez de Oz dejó a la
Argentina absolutamente de rodillas y subordinada a los designios del capital
foráneo, destruyendo la industria, hundiendo en el desempleo, la pobreza y la
marginalidad a millones de argentinos. El paso de una matriz industrial de
desarrollo, a una financiera de especulación, sería uno de los procesos más
traumáticos para la historia de nuestro país, que se vería profundizado,
posteriormente, durante la década de los 90's.
El Movimiento Obrero Argentino durante la dictadura
“A pesar de las bombas, de los fusilamientos,
los compañeros muertos, los desaparecidos,
no nos han vencido”
El principal obstáculo del proceso era el Movimiento Obrero
Organizado. El pleno empleo y la industria, sumado a la herencia y experiencia
del peronismo, había constituido un sindicalismo fuerte, organizado, con una
fuerte conciencia de clase, con cuadros capaces de crear un proyecto propio,
Nacional y Popular para la Justicia Social y Liberación de la Patria. El pleno
empleo y la industria – que se habían consolidado desde el 46 hasta esta época
– había dado a los trabajadores argentinos excelentes estándares de vida,
respaldados y garantizados por un Estado presente. Era por esto que, en las
comisiones internas de cada fábrica o establecimiento, lejos de discutir
problemas salariales o de condiciones laborales, los trabajadores discutían
cuestiones un escalón más allá: el control obrero de la producción. El
Movimiento Obrero llegaba a 1976 forjado al calor de la lucha de los 18 años de
la Resistencia, coronada la con la victoria que significó para el campo popular
argentino el retorno del General Perón. Los programas de La Falda y Huerta
Grande, así como batallas épicas en que se depuso al orden represivo
pro-oligárquico, como lo fueron el Cordobazo o el Tucumanazo, pusieron al
sindicalismo argentino como punta de lanza de las fuerzas del campo del pueblo
para la Liberación Nacional. Era el pueblo el que pasaba a la ofensiva. En cada
fábrica, en cada establecimiento laboral, en cada universidad y en cada
escuela, en cada barrio o sociedad de fomento, estaba viva y activa la práctica
de la Comunidad Organizada.
Todo esto se llevó a cabo no sólo con la acción de los cuadros
militares que subordinaban al Ejército a los dictámenes Plan Condor, sino con
la clara complicidad de civiles, particularmente las cúpulas empresarias de la
industria. Fue así que esta fracción del empresariado local (mayormente
gerentes locales de grandes corporaciones transnacionales), no sólo que
cooperaban con los grupos de tareas, sino que los proveían de logística e
información: entregában autos y camiones, incorporaban como personal en sus
empresas a agentes de la inteligencia, entregaban listas con nombres, apellidos
y direcciones, etc. Sólo por poner un ejemplo, en el primer año del proceso,
desaparecieron más de 220 afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),
la mayoría ligadas a empresas del Grupo Techint. Así como más de 50 obreros y
delegados de SMATA en Fiat, Ford, Mercedez-Benz, secuestrados y desaparecidos
en los primeros dos meses. Otro caso de obscena complicidad entre las
patronales y el aparato represivo del Estado dictatorial fue el apagón del
Ingenio Ledesma en Jujuy, en que se cortó la luz de todo el pueblo y se secuestró
a más de 400 obreros, estudiantes y profesionales, entre ellos el intendente de
Libertador Gral. San Martin, Dr. Arédez, y se los trasladó (con móviles
dispuestos por la empresa) a los galpones del Ingenio para permanecer
secuestrados y ser torturados.
La represión no fue solamente directa, es decir, a través de los
métodos ya descritos, sino también disuasiva. Los militares y la policía
montaban una puesta en escena a la entrada de las grandes fábricas,
universidades y barrios, para pesquizar e intimidar a la población.
Junto con el paquete del proceso, vinieron recortes de
derechos laborales, reducción de medidas de seguridad e higiene – con lo que
aumentaron los accidentes laborales –, despidos en masa, cierre de fábricas y
talleres, reducciones salariales y ajuste sobre el gasto público. Se cerraron e
intervinieron numerosos sindicatos, así como la CGT. La clase capitalista local
pretendía aumetar su productividad y ganancias a costa de cercenar derechos
laborales y recortar salarios. Necesitaron un golpe de Estado y una brutal
represión para poder imponer por la fuerza el retroceso de los derechos
conquistados con la lucha obrera en la Argentina desde principios del siglo XX.
Según datos de la CONADEP, de los aproximadamente 30 mil compañeros
detenidos desaparecidos, el 63% de los detenidos desaparecidos eran
trabajadores: 30% obreros de fábricas, 18% empleados de oficinas o del Estado,
11% cuentapropistas profesionales (médicos, abogados, etc) y 6% docenes. A
esto, debemos sumarle estudiantes y militantes y activistas barriales. Un
verdadero plan de exterminio planificado desde el imperialismo y lo más
recalcitrante de las oligarquías locales.
Había dos puntos para comprender la coplicidad entre empresas y
represión: en primer lugar, la necesidad de los patrones de incrementar el
grado de eplotación de los trabajadores, que sólo podía obtenerse por medio de
la baja en los costos laborales. Esto equivalía a cortar de raíz cualquier
intentona sindical, por hacer respetar los convenios colectivos y la dignidad
del trabajador. En segundo lugar, la política represiva y la anulación de todo
movimiento social de oposición era la precondición para la implementación de un
modelo económico basado en un nuevo modo de acumulación, centrado en la
especulación financiera. Las empresas serían beneficiadas de ese nuevo modelo
económico, a través de leyes de beneficios y subsidios localizados, la total
liberalización del mercado (de bienes y financiero), la desregulación de las
importaciones, las rebajas impositivas y la transferecia criminal de la deuda
privada al Estado.
La resistencia se hizo feroz entre los años 79 y 82. La CGT toma la
bandera de lucha y pasa a la acción. Las experiencias de la CGT-Brasil y el
liderazgo del dirigente cervecero Saúl “el Tata” Ubaldini fueron fundamentales
para demostrar que los trabajadores en la Argentina estaban todavía en
condiciones de dar la pelea. A pesar de los desaparecidos y la persecusión
feroz que se desató sobre el sindicalismo, entre el 79 y 80 se dieron más de
4000 conflictos laborales, y fábricas enteras entraron en conflictos
prolongados.
Las políticas económicas de liberalismo a ultranza habían llevado al
cierre de numerosas fábricas y establecimientos de todo tipo, dejando en la
calle a miles de trabajadores, lo que agudizó las protestas, huelgas y
movilizaciones.
Pese a los intentos del gobierno del Gral. Videla de desviar la
atención pública con el mundial de fútbol, la lucha continuó. En el año 79, un
grupo de 25 sindicatos reconstituyen la CGT, con sede en la calle Brasil, del
barrio porteño de Constitución, y nombran como secretario general a Saúl Ubaldini.
“... ha llegado la hora histórica en que, deponiendo con la grandeza
que las circunstancias exigen, todo interés de grupo o sector, nos econtramos
nuevamente reunidos hacia el logro de un solo objetivo, la vigencia plena de la
Confederación General del Trabajo.”
Declaración de la CGT-Brasil
La situación local era ya insostenible. Sólo en el Gran Buenos
Aires, eran más de 200.000 los trabajadores que habían caído en el desempleo y
se acercaban a los 15.000 los cesanteados. Fábricas y talleres de todo tipo
habían caído en la quiebra rotunda, producto de las políticas neoliberales
aplicadas por Martínez de Oz.
El año 81 no sólo encontraba a la cúpula militar en crisis interna,
por disputas entre sus conductores, sino que además el mismo Movimiento Obrero
estaba ya a la ofensiva. Las medidas de fuerza se acentúan: huelgas,
ocupaciones de fábricas, movilizaciones, manifestaciones y dos paros nacionales
de SMATA fueron coronados por una nueva huelga general de la CGT. La consigna
era recuperar el aparato productivo, los niveles de salario previos a 1976 y la
plena vigencia del Estado de Derecho. Hubo réplicas de la huelga en todo el
país.
El 7 de Noviembre de 1981, se produjo la histórica marcha a la
Iglesia de San Cayetano, en el barrio de Liniers de la Ciudad de Buenos Aires.
La encabezaba la CGT, con Ubalidini a la cabeza, y adhirieron numerosos
partidos y espacios políticos. La consigna era Paz, Pan y Trabajo. El comunicado
oficial de la central obrera denunciaba “el fracaso total y absoluto de la
pretendida gestión gubernamental del llamado Proceso” y proponía “una
movilización popuar para acelerar el llamado a elecciones ya que de nada valen
los cambios de persona, pues lo que el país reclama es una revisión profunda de
la filosofía actual.”.
Acercándose ya el fin de la dictadura, y antes del desembarco de las
FF.AA. en las Islas Malvinas, la CGT combativa realizó un acto multitudinario
en Plaza de Mayo, al que se calcula que asistieron alrededor de 200.00
manifestantes para exigir el fin de la dictadura y el retorno de la democracia.
Después de la Guerra de Malvinas, los años 82 y 83 fueron de feroces
enfrentanmientos con las fuerzas del Estado, en que, la CGT-Brasil y los
sindicatos dialoguistas que ocupaban el histórico edificio de Azopardo
802, confluyeron en manifestaciones multitudinarias que eran brutalmente
reprimidas. El descontento social iba en aumento, y todos los sectores hacían
oir su bronca acompañando en la calle las manifestaciones.
La vuelta de la democracia
Haber recuperado finalmente la democracia no fue un logro gratuito. La
vuelta al sistema democrático no se logró por la buena voluntad de la Junta
Militar o de la habilidad política de ciertos funcionarios, sino con la
constante presión del campo del pueblo, unido y movilizado con un único
objetivo: recuperar la libertad del pueblo, oprimido por los intereses del
capitalismo foráneo.
Tras ocho años de huelgas y manifestaciones, tras cientos de miles
de trabajadores que cayeron en el desempleo y la pobreza; después de haber
pasado detenciones, secuestros, torturas, fusilamientos, proscripciones. Con
30.000 compañeros menos, los argentinos recuperamos la democracia.
No obstante, recuperar la democracia, no debe ser un fin en si
mismo. Los años que siguieron, si bien fueron democráticos, fueron
igualmente nefastos. No en ya materia social, pero si en materia política y
económica. Es decir, si bien el pueblo votaba candidatos, quien gobernaba era
el Mercado, cuyas decisiones y políticas distaban mucho de la voluntad popular
para liberación y siguieron sometiendo a nuestro país a los designios
coloniales del capital global. Es así que, si bien ya no había desaparecidos y
torturados, fueron miles los que cayeron en la desidia, el desempleo y la
probreza extremas, forzadas por la profundización del neoliberalismo instalado
por la dictadura.
Que el ejemplo de los compañeros que lucharon durante los años más
oscuros de nuestra historia, nos sirva para hoy retomar sus banderas. Que
nuestra organización y lucha se profundice con propuestas, con debate
democrático con todos los sectores del campo nacional-popular: el movimiento
obrero, los estudiantes universitarios y secundarios, los movimientos
barriales, los profesionales y técnicos, etc. Que de este debate e intercambio
democrático y plural emerja el Programa propio del campo popular para enfrentar
a los intereses del capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y
entreguistas locales.
